Irán, el doble rasero europeo y la banalización del terrorismo

La reciente votación en el Parlamento Europeo sobre Irán fue una de las más difíciles que afrontado en esta legislatura. Dudamos hasta el último momento entre el voto a favor y la abstención. No porque tuviéramos dudas sobre la necesidad de condenar la represión del régimen iraní —que es brutal y merece una condena clara y sin matices—, sino porque el texto aprobado iba mucho más allá de la defensa de los derechos humanos y asumía una agenda geopolítica con la que no podemos estar de acuerdo.

Por eso optamos por una abstención crítica. Votamos a favor de todas las enmiendas que denunciaban la represión, defendían los derechos humanos y exigían vías seguras para que activistas y personas perseguidas pudieran huir del país. Pero no quisimos dar un sí acrítico a una resolución que reproduce, una vez más, el doble rasero que caracteriza la política exterior europea.

Uno de los elementos más preocupantes del texto fue el rechazo a las enmiendas presentadas por los Verdes y The Left que denunciaban la injerencia de la CIA y del Mosad. No porque esa injerencia exonere en modo alguno al régimen iraní, sino porque resulta profundamente irresponsable ignorarla. Esa injerencia refuerza a los sectores más duros del régimen, que la utilizan para deslegitimar las protestas sociales y presentarlas como una operación orquestada desde fuera al servicio de Israel y Estados Unidos, orientada a imponer un régimen afín, como la restauración de una monarquía que la mayoría del pueblo iraní rechaza. El futuro de Irán solo puede decidirlo el pueblo iraní, no potencias extranjeras.

Pero el punto más grave, desde una perspectiva jurídica, fue la calificación de la Guardia Revolucionaria como “organización terrorista”. El problema no es solo político, sino profundamente jurídico. No existe una definición universalmente aceptada de terrorismo en el derecho internacional. Su uso en resoluciones del Parlamento Europeo se ha ido alejando progresivamente de criterios jurídicos objetivos para convertirse en una etiqueta política, aplicada de forma expansiva y selectiva.

Esta deriva vulnera principios básicos del Estado de derecho, como el principio de legalidad, de tipicidad y de seguridad jurídica. En lugar de perseguir conductas concretas conforme al derecho penal internacional, se estigmatiza a actores estatales o no estatales en función de su alineamiento geopolítico. El resultado es la banalización del concepto de terrorismo y su conversión en un instrumento de política exterior.

Basta recordar que responsables políticos hoy plenamente rehabilitados en el ámbito diplomático figuraban hasta hace poco en listas de “terroristas”. El actual presidente de Siria, hoy tratado como aliado por Estados Unidos e Israel, es un ejemplo elocuente del carácter contingente y utilitario de estas calificaciones.

Esta instrumentalización contrasta con la impunidad de otros actores que cometen actos que encajan claramente en definiciones estrictas de terrorismo, como ataques deliberados contra la población civil, y que, sin embargo, nunca reciben ese calificativo por formar parte del bloque de los aliados. Los colonos israelíes que queman casas, asesinan y expulsan a población palestina en Cisjordania, en el marco de un proyecto de limpieza étnica, no son designados como terroristas. Ese doble rasero degrada el derecho internacional y erosiona gravemente la credibilidad del Parlamento Europeo.

Las consecuencias de estas calificaciones no son simbólicas. Legitiman sanciones colectivas, restricciones de derechos, el uso de la fuerza y operaciones militares sin control judicial efectivo. Cierran cualquier espacio para la diplomacia y el diálogo, tanto en el plano regional como en el nuclear, y abren la puerta a una escalada militar que Europa no puede ni debe asumir. Asumir sin matices el marco discursivo de Estados Unidos, Israel y la OTAN es incompatible con una política exterior autónoma y comprometida con la paz.

A ello se suma la hipocresía en el uso de las sanciones. Las sanciones existentes contra Irán han provocado inflación, desempleo y empobrecimiento de la población, alimentando precisamente el malestar social que da origen a muchas de las protestas. Quien paga las sanciones no es el régimen, sino la ciudadanía. Y, sin embargo, el Parlamento Europeo aplica esta herramienta solo contra países considerados enemigos, mientras mantiene acuerdos preferenciales con aliados que vulneran sistemáticamente los derechos humanos.

El caso de Israel es paradigmático: pese a estar cometiendo lo que numerosas organizaciones y expertos califican como un genocidio —el crimen más grave de nuestro tiempo—, la Unión Europea sigue suministrándole armas y ofreciéndole cobertura política y económica. El discurso de los derechos humanos se utiliza a conveniencia, no como un principio universal.

La abstención no fue un gesto de equidistancia ni de tibieza. Fue una forma de decir que la defensa de los derechos humanos no puede separarse del respeto al derecho internacional, ni convertirse en coartada para agendas belicistas. Condenar la represión en Irán es imprescindible. Pero hacerlo desde la hipocresía, el doble rasero y la lógica de bloques no fortalece esa causa: la debilita.

Europa no puede seguir hablando de derechos humanos mientras mira hacia otro lado cuando los vulneran sus aliados, ni banalizar conceptos jurídicos fundamentales como el terrorismo para ponerlos al servicio de intereses geopolíticos. Si lo hace, no solo pierde autoridad moral: contribuye a erosionar el propio derecho internacional que dice defender.