La guerra contra el ‘terror’: un estado de excepción permanente

Tras los atentados del 11 de setiembre de 2001, el mundo ha vuelto a entrar en guerra. Sin embargo, la naturaleza y las condiciones en las que ésta se desarrolla parecen haber cambiado de manera radical. La nueva guerra iniciada en Afganistán con la operación “Libertad Duradera” y continuada con la invasión de Irak de 2003 ha adoptado la forma específica de guerra contra el terrorismo. Dicha calificación ha abierto las puertas a una suerte de estado de excepción generalizado y permanente en el que el complejo político, económico y militar que gobierna los Estados Unidos aspira abiertamente a ejercer la soberanía mundial.

La guerra contra el terrorismo abre un horizonte parcialmente inédito que se despliega tanto en el frente interno de los estados como en su frente externo. Por un lado, el 11-S, ha devuelto a la política exterior el modelo de enemigo que el poder imperial necesitaba para legitimarse. El choque de civilizaciones ha pasado a ocupar el lugar del enfrentamiento entre bloques propio de la guerra fría, y la hipótesis del choque cultural ha desplazado a la de los antiguos conflictos ideológicos. Todo ello facilita la instrumentalización de las supuestas amenazas terroristas y abre también las puertas al fundamentalismo de la defensa preventiva, una doctrina proscrita del derecho internacional tras su uso espurio por parte de personajes como Adolf Hitler.

Cuatro años después del 11-S, resulta evidente que esta construcción del enemigo externo está vinculada a planes político-económicos diseñados con anterioridad al atentado y vinculados a grupos de extrema derecha como los del denominado Project for the New American Century. Los objetivos de estos grupos son claros: controlar los recursos energéticos del Golfo Pérsico y apuntalar la hegemonía de los Estados Unidos en la zona. Tras el fin de la guerra fría, dicha operación exigía un acontecimiento catastrófico y catalizador, un nuevo Pearl Harbour. La guerra, presentada como guerra defensiva y preventiva, se presentaba así como la oportunidad perfecta. Como la excusa para atestar al sistema de Naciones Unidas un golpe de Estado que permitiera impulsar un nuevo proyecto imperial fundado en la retórica neomedieval de la “cruzada infinita” que no necesita observar las fronteras ni el principio de no intervención consagrado en el derecho internacional.

Esta redefinición del enemigo exterior no sólo autoriza nuevas operaciones neocoloniales en las que las empresas transnacionales –de petróleo, de energía- que acompañan a los contingentes militares son un agente central. También justifica el establecimiento de un nuevo régimen policial global encargado de castigar las reacciones individuales o colectivas contra dichas operaciones. El nacimiento de esta nueva excepcionalidad, basada en la ausencia de reglas y límites jurídicos al uso de la fuerza militar, tiene distintos momentos. Algunos son especialmente decisivos, como cuando el Congreso de los Estados Unidos autoriza la declaración de guerra por parte del ejecutivo y otorga a Bush libertad absoluta para actuar militarmente contra cualquier pueblo, organización o individuo sin necesidad de justificarse. Con ello, comienza a generarse un nuevo derecho de guerra ilimitado, un poder que se presenta como universal y que consiente la destrucción de naciones enteras, como Afganistán o Irak, y su reconstrucción como colonias imperiales.

Una de las consecuencias de este tipo de guerra es que sus límites espaciales y temporales son indeterminados. Las grandes guerras anteriores quedaban circunscritas a un territorio delimitado, y acababan con la derrota de uno de los Estados litigiosos y, por consiguiente, con la paz. La nueva guerra al terrorismo pretende abarcar todo el planeta y extenderse por un tiempo indefinido, con lo que el significado de la paz se devalúa. La imagen del enemigo convencional -otro Estado- da lugar a un enemigo más maleable y deslocalizado. A una guerra infinita le corresponde un enemigo que puede estar en cualquier sitio y que no puede ser vencido ni derrotado de una vez y para siempre.

La nueva guerra contra el terrorismo, en todo caso, no sólo cambia las condiciones de definición del enemigo. También crea oportunidades para redefinir las alianzas utilizadas para combatirlo, aquello que el Secretario de Defensa de los Estados Unidos, Donald Rumsfeld, ha llamado “las coaliciones cambiantes”. Así, las alianzas se compran o se interrumpen cuando la cooperación con el enemigo promete más ventajas que el enfrentamiento. En la alianza contra el terrorismo, las beligerancias de ayer pueden descartarse si los intereses y los equilibrios de poder así lo requieren. Adversarios tradicionales como Rusia o China pueden devenir en aliados en una nueva coalición ad hoc. Por otro lado, en la medida en que el enemigo se presenta como enemigo, no de un Estado concreto sino de la humanidad, la propia guerra contra el terrorismo aparece presentada como una guerra justa, como una guerra contra el mal. Basta escuchar los discursos del presidente Bush para ver cómo la guerra se sitúa en un terreno moral o religioso, propio de las guerras justas medievales, antes que en un terreno estrictamente ideológico.

Desde esta perspectiva, tampoco resulta extraño que en la guerra contra el terrorismo no se confiera al enemigo el estatuto jurídico de adversario. La soberanía imperial no dice combatir a un enemigo exterior, fuera de sus fronteras, sino a criminales bajo su jurisdicción. Al igual que la soberanía exterior e interior se confunden, también la distinción entre enemigo y delincuente se difumina. Esta transformación del enemigo en delincuente tiene lugar a través de la categoría de “combatiente irregular”, un híbrido sin derechos que no tiene el estatuto ni de militar ni de civil.

Esta indistinción también afecta, pero en un sentido contrario, la organización militar de los Estados Unidos, puesto que crea zonas sin derecho que permiten garantizar la impunidad de sus crímenes. Las torturas de Abu Ghraib hicieron visible la continuidad entre el régimen de torturas de Saddam Hussein y la nueva dirección estadounidense. Pero sacaron además a la luz pública el gran negocio de los mercenarios. Un ejército privado sin fronteras al que los Estados Unidos subcontratan para substituir las fuerzas militares y encargarle tareas como los interrogatorios de prisioneros. Ya en su momento, Human Rights Watch denunció que, junto a los centros de detención de los Estados Unidos ya conocidos –como el de Abu Gharib- existían más de 13 de carácter secreto en el resto del mundo, una auténtica red de prisiones fuera de todo control, con más de 3000 detenidos sin ninguna garantía.

Esta noción de combatiente irregular y la privatización de las funciones militares ofrecen a la lucha anti-terrorista la posibilidad de situarse fuera de los principios del Estado de derecho, creando auténticos escenarios de excepción. Cuatro años después del 11-S, se sabe que los servicios secretos de Estados Unidos disponen de un margen de maniobra mayor que el que los obligaba a entrenar mercenarios o a instaurar regímenes militares y dictaduras. Ahora cuentan con cuerpos paramilitares propios, dotados de armamento propio -como la flota de aviones espías- que les permite actuar en otros conflictos y hacer uso, como los agentes israelíes y en su calidad de nueva policía planetaria, de su propia “licencia para matar”.

De esta manera, los Estados Unidos se exceptúan cada vez más del derecho internacional y consiguen que sus militares no tengan que atenerse a las normas que obligan a otros países en cuestiones como la prohibición de la guerra preventiva o el control de armamentos. En realidad, esta pretensión imperial se sostiene sobre una discriminación más amplia: no sólo se trata de garantizar inmunidad a los propios nacionales frente a las jurisdicciones comunes y los tribunales internacionales, sino también de obtener el reconocimiento internacional de su derecho a juzgar a los nacionales de otros estados bajo sus jurisdicciones de excepción creadas ad hoc. Un buen ejemplo de ello son los acuerdos de cooperación judicial y policial firmados entre la Unión Europea y los Estados Unidos después del 11-S. Estos acuerdos, como señala Jean-Claude Paye, comportan una renuncia a la propia legalidad y la subordinación de los aparatos judiciales y policiales europeos al aparato ejecutivo estadounidense, convertido en comando político del nuevo orden global.

Pero la excepcionalidad, como se decía al comienzo, no sólo se proyecta en el frente externo, sino también en el interno. Medidas como la Patriot Act, de 2001, o los campos de detención en Guantánamo, suponen de hecho un punto de intersección entre dos tipos de excepcionalidad: la que se plantea en relación con el derecho penal y constitucional estadounidense, y la que opera en relación con el derecho internacional, comenzando por la Convención de Ginebra.

La Patriot Act, aprobada en octubre de 2001, es un paquete de medidas antiterroristas que modifica la estructura de los derechos civiles y políticos y legitima la suspensión del derecho más antiguo de la jurisprudencia anglosajona, el hábeas corpus. Junto a ello, autoriza asimismo la detención de todo sospechoso de poner en peligro la seguridad nacional a partir de su perfil étnico. De ese modo, se reproduce, a distancia de medio siglo, un fenómeno similar al que supuso la detención en campos de concentración estadounidense de 111.000 personas de descendencia japonesa durante la Segunda Guerra Mundial. En ese contexto, no llama la atención que Human Rights Watch haya denunciado repetidamente “desapariciones” al estilo latinoamericano de personas detenidas en las fronteras norteamericanas. Se calcula que más de 12.000 extranjeros encarcelados en secreto y sometidos a un régimen de aislamiento, con interrogatorios y abusos físicos o psicológicos y sin derecho a un abogado, han sido liberados sin acusación y expulsados del país. Las medidas adoptadas en virtud de la Patriot Act se han visto complementadas por las impuestas por la Military Order, una orden del presidente Bush que permite someter a los no-ciudadanos norteamericanos, sospechosos de actividades terroristas, a jurisdicciones especiales y a detenciones indefinidas. La novedad de esta orden consiste en crear una auténtica zona de no derecho para los extranjeros acusados de terrorismo.

En Guantánamo, los sospechosos retenidos quedan fuera de toda protección legal o de todo control judicial. No se limitan sus derechos, se eliminan. No gozan ni de la condición de acusados, ni de la de prisioneros de guerra. Los tribunales sumarísimos en los que son juzgados no son siquiera consejos de guerra sometidos a un derecho militar especial. Representan, por el contrario, la desaparición o la suspensión global del derecho, incluido el derecho de excepción. En estos tribunales las pruebas se ocultan por motivos de “seguridad nacional”. No es posible la revisión de la sentencia frente a un tribunal civil y si los acusados son finalmente declarados inocentes, ello tampoco comporta, como ha dejado claro Rumsfeld, su puesta en libertad. Como afirma el jurista Milliam Safire, el ejecutivo norteamericano actúa en la práctica como instructor, juez, jurado, carcelero y ejecutor.

La legislación posterior al 11-S sitúa al derecho penal más allá del Estado de derecho. Los derechos y las libertades de los ciudadanos se disuelven en un nuevo derecho penal del enemigo que facilita la creación de espacios donde las reglas jurídicas desaparecen y se transmutan en pura arbitrariedad. Lo que se impone, de este modo, no es un estado de excepción limitado en el tiempo sino un estado de excepción permanente. No hay, como en la lectura de la excepción realizada por Carl Schmitt, una simple suspensión provisional de las garantías constitucionales tras la cual es posible, al menos formalmente, un retorno a los principios garantistas. Por el contrario, el estado de excepción, como en la previsión de Walter Benjamin, pasa a ser la regla. Los conceptos jurídicos de guerra y de paz, de soberanía y de adversario mutan tan profundamente que el propio régimen político ve alterada su naturaleza.

Ciertamente, este clima restrictivo de las libertades no es neutral en términos económicos. Por el contrario, favorece el recorte de derechos y prestaciones sociales que las políticas neoliberales y militaristas emprendieron ya en los años 70’ y 80’. Una nación en guerra, de hecho, no puede permitirse ciertos gastos sociales. No es casual que una de las primeras medidas adoptadas por la Casa Blanca tras el 11-S fuera retirar de los presupuestos partidas superfluas como la asignada a la asistencia de menores víctimas de la violencia doméstica o del abandono.

La configuración de nuevos enemigos externos e internos permite, en definitiva, un paso menos accidentado del Welfare al Warfare. Con la antigua guerra entre bloques convertida en choque entre civilizaciones, la lógica militar preventiva también puede aplicarse a la gestión de la pobreza y de la precariedad. En ella, los sin techo, los desempleados, las trabajadoras sexuales, los vagabundos o los migrantes –sobre todo si son musulmanes o de países árabes- son el objetivo principal de las nuevas políticas de control. Y si ellos o quienes los apoyan se quejan, siempre pueden ser considerados terroristas o cómplices de terrorismo. Tras el 11-S, el Secretario de Prensa de la Casa Blanca, Ari Fletcher, sostuvo que los estadounidenses tenían que “vigilar lo que decían y vigilar lo que hacían”. Cualquiera podía, de ese modo, ser encuadrado en un concepto de enemigo flexible y definido en función de la coyuntura política. En un pleno del Senado, el propio Fiscal General, John Ashcroft, llegó a acusar a los defensores de derechos humanos de “erosionar la unidad nacional” y de ser “munición para los terroristas y para los enemigos de los Estados Unidos”. Esta idea del ciudadano sospechoso se complementa con la del ciudadano delator. Un programa gubernamental, el Sistema de Previsión e Información contra el Terrorismo (TRIPS, según sus siglas en inglés), aprobado en 2002 pero congelado por falta de presupuesto, pretendía que un millón de ciudadanos estadounidense espiaran para la policía (1 de cada 24). Este porcentaje de informantes -un 4% de la población- superaba con creces los que tenía la STASI en los peores momentos de la terrible policía secreta de la antigua República Democrática de Alemania. Su operatividad era sencilla: todos los “espías” dispondrían de un teléfono gratuito para informar de cualquier acto sospechoso cometido por sus conciudadanos.

A pesar de su retórica garantista, la Unión Europea no ha supuesto freno alguno a este proceso. De hecho, diez días después del atentado del 11-S, se celebró un Consejo Europeo extraordinario en el que se consideró que la lucha anti-terrorista pasaba a ser un objetivo prioritario de la Unión Europea. A resultas de ello, se aprobó un conjunto de medidas de carácter ultrasecuritario inspiradas tanto en la Patriot Act estadounidense como en la cultura de la emergencia vigente en varios países europeos en los años 70’. El gobierno del Reino Unido fue uno de los primeros en denunciar parte del Convenio Europeo de 1950 para poder impulsar su propia ley anti-terrorista. El gobierno español, por su parte, vio cumplidas sus aspiraciones de que se aprobaran medidas anti-terroristas por las que había bregado durante largo tiempo. Entre ellas, el impulso de una policía europea, Europol, sustraída a los controles legales tradicionales; la creación de ficheros como Eurodac o Sirene, ideales para detectar sospechosos; la introducción de la orden europea de detención, la llamada Euroorden; e incluso la redacción de una nueva definición común de “terrorismo” que, de aprobarse, podría convertirse en un cajón de sastre capaz de dar cabida a buena parte de la oposición y de la disidencia política europeas.

Nada de esto se ha alterado con propuestas como la del Tratado constitucional de 2004. Por el contrario, tras los atentados de Madrid del 11-M de 2003, el impulso neoliberal del proceso de integración y su costado más punitivo se han entrelazado más todavía. La guerra contra el terrorismo ha servido también para acelerar la importación a diferentes países europeos de la política del crime control desplegada por los Estados Unidos en las últimas décadas. En Francia, el super-ministro Nicolás Sarkozy ha sido uno de los primeros en importar la consigna de la “tolerancia cero” frente a pequeños delitos y desórdenes públicos popularizada por el alcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani. Para ello, ha impulsado un auténtico arsenal punitivo que incluye penas de prisión para la prostitución, la ocupación de inmuebles abandonados o la mendicidad, así como una suerte de estado de excepción encubierto dirigido a mantener a raya a la juventud del extra-radio urbano, con anuncios de prohibición de salidas nocturnas para los menores de 17 años. En el ámbito español, el 11-S permitió al presidente del gobierno, José María Aznar, anunciar su propia ofensiva legal “por la seguridad, contra el terrorismo y la delincuencia”, con la finalidad declarada de “erradicar físicamente de las calles a los infractores”. De esta manera, se daba el pistoletazo de salida al “We are at war” español, un proyecto que comprendía la intensificación de la actuación policial y de los procesos judiciales rápidos, con menos garantías, el endurecimiento de las penas y la utilización de la detención como medio prioritario para afrontar la conflictividad social.

La consecuencia más visible de esta deriva autoritaria, cuyo final no puede anticiparse, es la consolidación de un régimen policial y de un modelo punitivo más duros. Este modelo se acerca más a la idea de un derecho penal máximo, pensado para tratar con “enemigos”, que a un derecho penal garantista anclado en los principios propios de un Estado de derecho. En otras palabras: aumentar el número de condenas, su tiempo de duración, y empeorar las condiciones de detención. Además, claro, de elevar el gasto penitenciario, una medida imprescindible para compensar la inseguridad urbana que aparece con la desregulación económica y la desinversión social del neoliberalismo.

Dentro de este panorama sombrío, pueden rastrearse, en todo caso, algunos elementos esperanzadores. Ya en su momento, la relativa división interna entre las élites estatales y económicas occidentales frente a la guerra de Irak, dio mayores oportunidades a las movilizaciones de masas que, en diferentes ciudades europeas, salieron a las calles a expresar su oposición a la actual deriva belicista. Este movimiento anti-guerra, que sólo en parte era un movimiento contra el modelo energético y de consumo que produce la guerra, abrió una brecha para una contestación más amplia del poder imperial encarnado por los Estados Unidos y sus aliados. En el caso español, la confluencia de este movimiento con el surgido de la huelga general de 2002 tuvo una incidencia fundamental en las manifestaciones y caceroladas espontáneas realizadas ante las sedes del Partido Popular y que condujeron a su derrota en las urnas. La utilización del atentado del 11-M como “arma de desinformación masiva” al servicio de un auténtico golpe de Estado mediático tuvo un efecto multiplicador de la indignación popular, latente tras las movilizaciones anti-guerra, y acabó volviéndose de forma sorprendente contra el propio gobierno del Partido Popular. El lema “Vuestras guerras. Nuestros muertos” de las movilizaciones traía consigo un mensaje inequívoco: no tenemos los mismos enemigos, porque la seguridad del Estado y la de la ciudadanía son cosas muy diferentes.

Fuente: Emergencies, gener 2005