El artículo denuncia la condena al ex fiscal general Álvaro García Ortiz como una anomalía jurídica y democrática: no hay autor probado ni delito acreditado, pese a la sentencia. Critica la contradicción con la jurisprudencia previa, el sesgo ideológico de la cúpula judicial y el uso del derecho penal como herramienta política. Sostiene que el caso no juzga a una persona, sino la calidad del Estado de derecho en España.
